Otra renuncia: Pedro Kesselman en Derecho del Trabajo

Buenos Aires, 25 de septiembre de 2006.-
Señor Presidente del COLEGIO PUBLICO
DE ABOGADOS DE LA CAPITAL FEDERAL,
Dr. Jorge Gabriel RIZZO.
PRESENTE.
De mi consideración:
Me dirijo a Vd. a fin de presentar mi renuncia como Director del Instituto de Derecho del Trabajo.
Mi decisión encuentra varias razones. La primera es que durante los mas de cuarenta años de ejercicio activo de la profesión de abogado he sido un constante defensor del sistema de seguridad social, y particularmente, de las cajas profesionales que desde hace décadas protegen a los egresados universitarios de todo el país. Como cofundador del Colegio de Abogados de Lomas de Zamora, y defensor del sistema de colegiación, traté de impulsar y desarrollar la Caja que funciona en la Provincia de Buenos Aires. Pero además, como abogado que también ha litigado y litiga en el ámbito de esta Ciudad de Buenos Aires, haciendo míos los principios que ya desde 1942 sostuvo la Asociación de Abogados, procuré impulsar en aquélla la creación de una Caja de Seguridad Social.
Como convencional constituyente nacional, en 1994 participé, con otros representantes de distintas corrientes, en la defensa del sistema de Cajas profesionales, sobre las cuales pendía la amenaza de absorción por el Estado y las Administradoras privadas luego creadas. Mi postura surge de las intervenciones de las que da cuenta el respectivo diario de sesiones de la Convención, págs. 3882 y 3883. Dije allí que dichas cajas profesionales "constituyen un modelo en cuanto a manejo y a la conducción por parte de sus beneficiarios", basando mis afirmaciones en la experiencia personal.
Sé que el señor Presidente tiene una interpretación diferente sobre lo que disponen los arts. 121 y 125 de la Constitución Nacional, interpretación que no ha sido la de los constituyentes de 1994, si se lee el citado diario de sesiones en sus páginas 3875 y ss., a través de las intervenciones de los convencionales Ortiz Pellegrini, Marín, Carrió y quien suscribe. Pero respeto la disidencia, que como tal no me molesta, siempre que la misma se exponga con altura y respeto a quien no piensa igual.
En los últimos tiempos, Vd. y otros colegas -que, como lo define el Diccionario de la Lengua Española, son o deberían ser mis compañeros de profesión- han dejado de lado el debate sereno, para lanzar imputaciones ofensivas que, sinceramente, deploro. Como he dicho, cuando concurrí a crear la Caja de Seguridad Social para Abogados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, basada en el art. 81 inciso 5º de la Constitución de esta Ciudad, lo hice en base a mis viejas y constantes convicciones, que Vd. y otros colegas podrán no compartir, pero que son tan respetables como las de quienes se opusieron -algunos desde hace décadas- al régimen solidario entre los abogados. Y he velado y velo permanentemente, al igual que quienes actuamos en los roles directivos de la Caja, para que la transparencia y el proceder honesto sean permanentes.
Más allá de lo que he señalado, siento que el clima al que se ha llegado en nuestro Colegio, no permite el análisis y el intercambio de opiniones que permita desarrollar la actividad científica. Nunca imaginé, porque conozco a Vd. desde hace años, que la circunstancia de integrar el Directorio de la Caja creada por la ley 1.181, y haber propiciado la sanción de la norma mediante un proyecto basado en la experiencia de las numerosas cajas creadas desde la década del 40, sea causa de la exclusión de mi colega y amiga desde hace muchos años, la Dra. Stella Maris Borrego, de las comisiones del Colegio. Conocí a Vd. como un hombre que defendió con pasión sus ideas, pero por entonces nunca le vi, como en estos tiempos, intolerante y ejerciendo actitudes que entiendo discriminatorias. Como dije días pasados, creo en lo sostenido por Voltaire, aunque parezca pasado de moda: no pienso como usted, pero defenderé hasta mi muerte su derecho a no pensar como yo.
Esa tolerancia que reivindico, y ha sido dejada de lado por la conducción del Colegio, fue la modalidad de trabajo conjunto que primó en el Instituto que dirigí. Cualquiera fuese la postura doctrinaria de los colegas que allí concurrieron y concurren, primaron el respeto y la camaradería, aún en medio de las discrepancias.
El innecesario clima violento que hoy se ha impuesto en la conducción del Colegio, lleva entonces a mi renuncia.
Sin otro particular, le saluda atentamente.

Dr. Pedro J. Kesselman

Renuncia de Daniel Sabsay al Instituto de Constitucional

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2006

Sr. Presidente del Colegio Público
de Abogados de la Capital Federal
Dr. Jorge Rizzo
S/D.-

De mi mayor consideración:

Acabo de tomar conocimiento de que en la sesión del Consejo Directivo del Colegio del 14/09/06 se aprobó la designación de autoridades de cuatro Institutos entre ellos el de Derecho Constitucional en donde se me mantiene en la dirección. Me sorprende que la decisión se haya tomado sin que antes se me hubiera consultado, como así también que luego de varios meses de haber asumido la nueva conducción de la institución no se haya mantenido ningún contacto conmigo, situación que por la información de otros colegas se ha repetido con quienes hasta la fecha de la mencionada resolución eran las autoridades de otros institutos.

Desde que asumí la función de Director del mencionado Instituto su Subdirector ha sido el Dr. Pablo Manili, destacado constitucionalista, adjunto en mi cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires y que tuvo un excelente desempeño en la función para la cual lo propuse. No puedo sino deplorar que se lo desplace sin ningún tipo de explicación, atropello del que también han sido objeto destacados juristas que vienen trabajando empeñosamente en diferentes institutos desde hace muchos años, como son los Dres. Nelly Minyersky, Carlos Arianna y Carlos Basile en Familia; Graciela Molinelli en Constitucional; Alberto González Arzac, Roberto Gargarella y Luz Rodríguez en Derecho Político; Enrique Zeitler, Emilio Montes y Eduardo Cony (h ) en Ciudad Autónoma.

Una actitud de esta naturaleza desconoce las más mínimas formas que deben acompañar a los actos de toda autoridad en el marco de un Estado de Derecho.

Por lo expuesto, le presento mi renuncia indeclinable al cargo de Director del Instituto de Derecho Constitucional del Colegio.

Lo saludo atentamente,

Dr. Daniel Alberto Sabsay

COMO DESTRUIR EL CPACF EN 100 DIAS

El actual oficialismo asumió la conducción del CPACF hace un poco más de cien días durante los cuales ha logrado:
a) Que el Tribunal de Disciplina no funcione, lo que constituye un hecho de gravedad institucional
b) Que los trabajadores lleven a cabo medidas de fuerza mas duras que las que el actual presidente apoyaba contra la anterior conduccion
c) Que un sindicato denuncie acciones antisindicales discriminatorias por el despido de la contadora
d) Que uno de los periódicos abogadiles más conocido denuncie presiones e intentos de censura
e) Que la mayoría de las Comisiones no se haya constituido, estando actualmente suspendido el trámite invocando impugnaciones que los supuestos autores desconocen
f) Que se banalice la designación de autoridades de Institutos, proponiendo a sus amigos/as, sin tener en cuenta los antecedentes academicos
g) Que los servicios de la empresa de seguridad hayan pasado de $ 40.000 a $ 110.000 mensuales
h) Que se paguen $ 17.000 mensuales a una "consultora" cuyo domicilio coincide con el de un consejero del oficialismo, que se da de alta como monotributista el mismo dia que firma el contrato que no pasa por el Consejo Directivo
i) Que gasta $ 63.000 en una solicitada para ocultar que su accion de inconstitucionalidad contra CASSABA está perdida
k) Que ha atacado y agraviado groseramente a todos los que disienten con él, especialmente algunos consejeros de las minorías o el presidente de la institución voluntaria a la que dice pertenecer

REVOCAN CAUTELAR CONTRA CASSABA

La Cámara Contencioso Administrativo Federal revoco la cautelar que la jueza subrogante Biotti habia decretado ordenando la suspension de la vigencia de la Ley 1181, las acordadas de la CSJN, resoluciones de la Secretaria de Seguridad Social y la reglamentacion aprobada por la Asamblea de CASSABA. En un fallo del dia de ayer -que el oficialismo ya salio a denostar- los miembros de la Sala V desarticulan uno por uno los argumentos de la cautelar, inédita por cierto, y la dejan sin efecto, en lo que constituye una de las más palmarias demostraciones de la falacia en la que se montó el oficialismo en las elecciones de abril pasado. La reacción, plagada de agravios y desatinos, ya inunda las casillas de e-mail de los matriculados del CPACF. Cada día se agrega algún "enemigo" nuevo a esta enloquecida atropellada del actual presidente de nuestro colegio contra colegas de otras listas, medios que no le son dóciles, trabajadores y sindicatos, etc, etc.
Ahora que perdió en la Justicia, todos los jueces son corruptos, salvo por supuesto, aquellos que le dan la razón a "gente de derech@" .
Será esa la razón por la que ahora quiere ir a la Legislatura, que antes ignoró y descalificó, con pseudo argumentos de inconstitucionalidad ?

Declaracion del Tribunal de Disciplina

A todos los Abogados

Este Tribunal, órgano autónomo del Colegio investido con la alta responsabilidad de preservar la ética en la conducta profesional, ha llegado a un estado de imposible ejecución de sus funciones debido a la ilegítima intromisión del Consejo Directivo y de su presidente Jorge Rizzo, que tergiversando las disposiciones de la Ley 23.187 y el Reglamento Interno dictado en su consecuencia:
1) han desconocido a las autoridades legítimamente electas del Tribunal y la composición y autoridades de sus Salas, pretendiendo sustituirlas por sus preferidos,
2) han perturbado el quehacer de funcionarios y empleados del Tribunal de toda manera,
3) violando sus deberes legales, reglamentarios y éticos, han privado al Tribunal de los mas imprescindibles recursos materiales de trabajo,
4) inconsultamente han trasladado parte de los efectos y documentación del Tribunal a distintas áreas inadecuadas de los edificios de Uruguay 412 y Corrientes 1441, sin estudios previos, necesidad ni consulta con el Tribunal, al solo efecto de imponerle sus designios,
5) en suma, de toda manera han pretendido y pretenden someter al Tribunal a impropia e ilegítima subordinación del Consejo Directivo, afectando su independencia y las competencias que le asigna la ley.-
Agotadas las instancias prudentemente conducidas para evitar mayor descrédito al Tribunal y al Colegio, y ante la continuación y agravamiento de la prepotente intrusión del Consejo Directivo en el quehacer del Tribunal, en sesión plenaria del 5 del corriente septiembre, con la presencia de 17 de sus miembros (Juan C. Pratesi [Pdte.], Itatí G. Di Guglielmo [Vice Pdte. 1ª], Osvaldo A.Gozaini [Vice Pdte. 2°], Zenón A. J. Ceballos [Pdte. Sala I], Ofelia Rosenkranz [Pte. Sala II], Marcelo G. Nardi [Pdte. Sala III], Marcelo R. Buigo, Elvira Carballo, Clara Rita Davila, Oscar E. Eissler, Felipe Mario Liporace, Rafael M. J. La Porta Drago, Silvia N. Marzano, Alvaro E. J. F. Perez de Castro, Arturo J. Podesta, Rebeca Rosenberg de Rutenberg y Osvaldo Zampini) sin disidencia alguna el Tribunal resolvió por unanimidad:
1) ratificar los actos cumplidos por sus autoridades legítimamente electas el 31 de mayo y por las salas conformadas en esa ocasión,
2) rechazar las decisiones de presidencia y del Consejo Directivo violatorias de la independencia legal y funcional del Tribunal,
3) rechazar todo acto llevado a cabo bajo invocación de presidente o de otros miembros del Tribunal al amparo de designaciones ilegítimas del Consejo Directivo, y
4) disponer que desde esa fecha y hasta tanto se restablezcan las situaciones de hechos y derecho que permitan su normal desenvolvimiento quedan suspendidas las actividades del Tribunal, sin perjuicio de ratificarse los actos ya cumplidos en su legítima constitución.-
Como consecuencia y en ejercicio de la representación que el art. 88 del Reglamento Interno me confiere y en cumplimiento de la decisión concordante que la amplia mayoría del Tribunal me ha encomendado, pongo en conocimiento de todos los matriculados la situación existente a fin de que adopten las conductas que estimen pertinentes para salvar la eventual invalidez de actos que puedan ser cumplidos, así como para proteger los derechos que vean vulnerados.-

Juan Carlos Pratesi - Presidente del Tribunal de Disciplina

Declaración de la Asociación de Abogados de Buenos Aires

El Tribunal de Disciplina debe funcionar con independencia

El Colegio Público de Abogados de la Capital Federal –CPACF- tiene -entre otras- la misión de gobernar la matricula de los abogados y ejercer el poder disciplinario sobre los mismos (art.20 Ley 23.187) que ejerce a través del Tribunal de Disciplina (art.21 Ley 23187).
Hace tiempo ya, que todos los sectores de la abogacía local hemos coincidido en que el Tribunal de Disciplina debe ejercer con exclusividad la potestad disciplinaria, rechazando las diversas normas que han atribuido esta competencia también a los órganos judiciales.
El Tribunal de Disciplina es un órgano del CPACF (art. 23 inc. c) Ley 23.187), con requisitos propios para integrarlo (art. 29), modalidad de elección (art.30) y competencias específicas (art. 39), siendo sus miembros los únicos que están sujetos a recusación, lo mismo que los jueces (art.40).
No caben dudas que la independencia del Tribunal de Disciplina es tan importante como la que reclamamos para los jueces. No puede admitirse que el Consejo Directivo ni la Asamblea intervengan en su funcionamiento ni composición, en garantía de los derechos de los matriculados.
La crisis que afecta al Tribunal de Disciplina y que ha provocado su no funcionamiento tiene su origen en la equivocada decisión de la mayoría del Consejo Directivo de creerse facultada para designar a las autoridades del Tribunal de Disciplina, en contra de lo previsto en los arts. 81, 82 y 85 del Reglamento Interno del CPACF, y desconociendo a las autoridades que dos tercios de los miembros del Tribunal eligieron. Esta crisis se ha agravado con el traslado de las instalaciones desde el edificio de Juncal 931, que fuera acondicionado expresamente para que allí funcionara el Tribunal, a espacios desperdigados entre Corrientes 1441 y Uruguay 412 que no ofrecen las mínimas condiciones para que se pueda cumplir también con un mínimo de dignidad, decoro y seguridad, las delicadas funciones de juzgamiento disciplinario que tiene el Tribunal de Disciplina.
La situación es de una extrema gravedad y además, pone en riesgo el cumplimiento de una de las finalidades esenciales del Colegio Público de Abogados.
Con independencia de la responsabilidad que podrían tener quienes hayan producido las situaciones que perjudican notoriamente a los colegas que tienen causas disciplinarias abiertas atento que no se les está garantizando el debido proceso legal, ocurriendo igual situación con los denunciantes que no obtienen respuesta a sus reclamos, es el propio Colegio como institución quien se ve seriamente afectado por cuanto no da cumplimiento efectivo y eficaz a su obligación legal de ejercer el contralor de la matrícula.
La Asociación de Abogados de Buenos Aires reclama, en ejercicio de sus facultades estatutarias y de su propia historia, indisolublemente ligada a la creación del CPACF, que se regularice de inmediato la situación del Tribunal de Disciplina mediante el reconocimiento de sus legitimas autoridades, la restitución del uso de las instalaciones de Juncal 931 para el adecuado funcionamiento del Tribunal y el cese de designaciones de secretarios generales ad hoc, que también violan expresas disposiciones de los reglamentos vigentes.
Si esto no ocurre de inmediato, el daño institucional ya ocurrido será irreparable.
Buenos aires, 14 de septiembre de 2006.

Horacio N. Acebedo, Presidente – Liliana Fontán, Secretaria General

LA PROXIMA REUNION DE LA LISTA 49 SERA EL 2 DE OCTUBRE EN LA AABA, A LAS 19,00 HS.

LA BANALIZACION DE LOS INSTITUTOS

En la sesión de Consejo Directivo del 14/09/06, sin envío de antecedentes, se aprobó designar autoridades de cuatro Institutos, que con la única excepción de Daniel Sabsay, exhiben como principal antecedente su pertenencia originaria o devenida al actual oficialismo del CPACF, desplazando a colegas de probada idoneidad y trabajo académico, como Nelly Minyersky, Carlos Arianna y Carlos Basile en Familia; Pablo Manili y Graciela Molinelli en Constitucional; Alberto González Arzac, Roberto Gargarella y Luz Rodríguez en Derecho Político; Enrique Zeitler, Emilio Montes y Eduardo Cony (h)en Ciudad Autónoma. Los cuatro institutos han trabajado en forma excelente.
Se rompe así una buena práctica, que desde su fundación se respetó en el CPACF, consistente en mantener al margen de las pujas partidarias a los Institutos.
Derecho Constitucional
Director: Daniel Sabsay
Subdirector: Jorge Rizzo
Secretario: Alejandro Butler
Liliana Zambrano - Daniel Luraschi - Fernández Corgo - Harlovic
Derecho Político
Director: Avelino Tamargo
Subdirector: Virgilio Hernández
Secretario: Patricia Di Mango.
Derecho de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Director: José Roberto López
Subdirector: Hugo Cortinez
Secretario: Mónica Sibilia
Luciano Andrés Scarano - María Angélica Siciliano - Luis Marras - Adriana Calabró.
Derecho de Familia
Director: Liliana Blasi
Subdirector: Patricia Mortins
Secretario: Juan Carlos Biaggi.

Y parece que esto es solo el principio de nuevas "purgas"

JUSTICIA INDEPENDIENTE es:

Trabajar por la plena vigencia de las instituciones sobre la base del respeto a la Constitución Nacional y la consolidación de un Estado de Derecho Democrático y Social.
Aspirar a un Poder Judicial incorruptible, integrado por hombres y mujeres que estén libres de ataduras tanto del poder político como económico, con formación ética, democrática y republicana, garantes de la Constitución y los derechos de los ciudadanos, con compromiso social.
Insistir con la reforma de la ley 26.080 para cumplir el "equilibrio" ordenado por el articulo 114 de la Constitución, recuperando y reforzando la presencia de la abogacía del Consejo de la Magistratura y en el Jurado de Enjuiciamiento, lograr eficacia, rapidez y eficiencia en la selección de magistrados e impulsar celeridad al proceso de acusación de magistrados.
Reafirmar en la comunidad el rol social de la abogacía en el acceso y realización de la justicia.
Exigir concursos para la selección de jueces con jurados idóneos e imparciales y reglamentos que garanticen la igualdad de trato entre los abogados que ejercen su profesión y quienes provienen de los estrados judiciales.
Por un poder judicial comprometido con la solidaridad y la ética que contribuya a la inclusión social de todos los habitantes y genere la confianza pública en la administración de justicia.
Trabajar por un presupuesto para que el Poder Judicial que con suficientes magistrados, funcionarios y empleados y la incorporación de adelantos técnicos y la instalación adecuada facilite el acceso a la justicia de todos y de agilidad a la resolución de las causas.
Trabajar para que el poder ejecutivo no acepte la renuncia de magistrados con procesos de investigación avanzados en el Consejo.
Desarrollar una capacitación judicial permanente, mejorando la actividad de la escuela judicial para que cumpla eficazmente su contribución a edificar una justicia federal respetuosa de la vida, la libertad y los derechos y garantías de todos los habitantes de la Nación Argentina.
Impulsar que el Consejo exija la aplicación de las disposiciones legales que reconocen al abogado como auxiliar calificado de la justicia y merecedor de igual consideración que los jueces.
Promover que el Consejo de la Magistratura genere cambios sustanciales en las condiciones de trabajo de los/as abogados/as modificando las actuales condiciones edilicias y mobiliarias que dificultan y hasta agravian su quehacer diario en tribunales.
Defender la representación igualitaria de mujeres y hombres en el Consejo de la Magistratura.
SU VOTO SERÁ NUESTRA VOZ
Nelly Minyersky - Itatí Di Guglielmo

El 10 de octubre vote Lista 4

DIARIO JUDICIAL (INFORME IN VOCE)

Informe In Voce 10/09/2006 (DiarioJudicial.com)VOLVER AL FUTURO. Y sí, parece de ciencia ficción. Nuestros periodistas leían incrédulos y sorprendidos. En un extraño comunicado el área de prensa del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal informaba a sus matriculados y a los medios que cubren habitualmente el quehacer vinculado con los abogados, que representantes del gremio de UTEDYC -que nuclea a parte de los empleados del CPACF- estaban difundiendo que el presidente Rizzo les había ofrecido dinero a cambio de desactivar la protesta de los trabajadores. Lo sorprendente era que el comunicado, además de desmentir tajantemente la versión de los gremialistas, literalmente amenazaba, por anticipado, a quienes se atrevieran a difundir el tema: "Esa es una mentira enorme y una versión disparatada. No hubo, ni habrá, ninguna oferta de ese tipo. Lo desmiento rotunda y terminantemente. Y con la certeza que me da la verdad, demandaré a quien reproduzca esa calumnia. Desde ya adelanto que la reparación civil -además de la condena penal, que descuento- con que termine ese juicio será ingresada en su totalidad a las arcas del Colegio Público de Abogados. No se está ofendiendo ni calumniando a Rizzo sino a todos los abogados honestos, probos y comprometidos con la defensa de nuestros intereses y de la Constitución Nacional. No lo vamos a permitir". El comunicado terminaba en forma inquietante: "una hora después de que esa calumnia sea reproducida presentaré la demanda". Censura previa, ataque de ira, visión de futuro. cada uno le pondrá el título que más le cuadre. Lo que denota esa presión dislocada y preventiva hacia el medio que ose publicar la noticia sobre una supuesta calumnia, es una escasez de amplitud de miras y un hondo sentido del valor de la bravuconada como herramienta de presión. En tal caso debería primero buscar al responsable de la supuesta calumnia original.
Por su apuro en impedir que Diario Judicial.com publique en su edición del día esa perlita periodística, omitió agraviarse por el supuesto calumniador, del que nada dice. Así queda al desnudo su única e interesada intención de que un medio no publique una noticia que él mismo propaló con su desmentida. Quienes desmenuzan lo escrito por los cuatro costados, ya pusieron la lupa sobre la declaración. El comunicado blande heroicamente que lo percibido como fruto de las victorias judiciales, engrosará las arcas del CPACF. Sin embargo tampoco dice nada acerca de quién pagará si llegara a perder, cosa muy probable como lo indica lajurisprudencia de la Corte Suprema que ampara la garantía constitucional de la libertad de prensa. Sería bueno también que el ofrezca su bolsillo privado y no el patrimonio de los matriculados como garantía de la eventual condena y sus costas. En tal caso si el titular del Colegio se sintió calumniado, injuriado y agraviado, las acciones legales debería dirigirlas en contra quienes profirieron los dichos que lo afectan. A su vez, éstos, ante una querella por calumnias podrían, si tienen con qué, acreditar la "exceptio veritatis" y al parecer son más de dos los que dicen ser testigos del episodio. Habrá que sacar cuentas de cuántas cuentas habrá que pagar, quién lo hará y bajo qué conceptos. La estrategia jurídica esbozada es a todas luces errada. Demandar al mensajero en vez de al generador del hecho, debilita su rimbombante queja. Pero peor aún es la estrategia mediática escogida. Logrando que una noticia breve y del montón se transformara en 2 noticias de primera plana y en la columna que aquí se lee. No es la primera vez que Diario Judicial.com publica los dichos de uno y los dichos de otro ante algún conflicto, pero la efervescente enjundia con que personal del Colegio hostilizó al único periodista presente en la movida tarde del CPACF -que incluyó la impresionante presencia de la infantería de la federal con escudos y todo- y la posterior visita de (des)cortesía a la sala de periodistas del Palacio para "ablandar" a nuestros cronistas acreditados, sin duda logró amplificar el episodio y darle algún viso de credibilidad a la versión gremial.

QUE DICEN LOS EMPLEADOS DEL CPACF

USTED YA NOS CONOCÍA

Somos los empleados del Colegio que hace veinte años trabajamos para usted: no hacemos política, no aspiramos a cargos gubernamentales y nunca antes efectuamos protestas.

Usted a sido engañado por Rizzo. Nosotros también.

Ahora sabemos que ha venido al Colegio a despedir gente y a poner a sus amigos en puestos onerosos. Por ejemplo, la vicepresidenta 2ª Laura Calogero que percibe el sueldo mas alto de la institución: cobra 6000 pesos mensuales libre de impuestos y retenciones, por el cargo de Jefa de la Asesoría Letrada al que accedió sin siquiera presentar antecedentes. Usted podría haber participado si hubiera un concurso.

La contadora Liliana Pellicori, despedida luego de 19 años de trabajo intachable reconocido por todas al administraciones del Colegio, percibía un salario básico $5.652.25. Las horas extras, aprobadas por el Consejo Directivo, se realizaron en abril y mayo debido al cierre del balance. Igual, el motivo real del despido no fue su función ni lo que cobra: quedo cesante porque es la esposa de uno de nuestros delegados.

El miércoles no hubo toma, ni resistencia alguna. Sólo se espero que Rizzo viniera al Colegio para atendernos. Cuando por fin llegó, caminó tranquilamente - fumando un habano- por la planta baja y tomó el ascensor para encerrarse en el 4º pisos, ignorando a los presentes.

Rizzo no menciona en su COMUNICADO (lindo nombrecito...) que el motivo de la protesta fue la aplicación de un convenio colectivo de trabajo, beneficio al que tiene derecho cualquier trabajador, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Las autoridades se comprometieron muchas veces a formar una mesa negociadora ante el Ministerio de Trabajo. De hecho, Rizzo apoyó con su gente nuestros reclamos: hay fotos que lo muestran arengando a las masas en una movilización del año pasado. hoy todavía no existe tal mesa negociadora.

Jamás se realizo un pedido de recomposición salarial del 80%. Ni ahora ni antes. El reclamo que existe es una suma fija de 300 pesos por vía de Carta Documento.

Desde que Rizzo llegó al poder hace tres meses, la planta de personal se incremento el 10% con familiares y amigos varios. Solo el gerente general cobra 6.746 de salario bruto.
Luego hay diez personas que ganan alrededor de 4.000 pesos. El resto de nosotros tenemos salarios apenas mayores de la canasta básica familiar.

Usted ya nos conocía: somos la cara que ve cuando viene al Colegio, los trabajadores que hacemos que funcione y le sirva para algo. Ponemos nuestra labor diaria en prenda de confianza: así podrá evaluar quien miente y quien dice la verdad.

Empleados del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal

ELOFICIALISMO PIERDE LA CALMA

1) Despiden a la contadora del CPACF por ser la esposa de un delegado gremial
2) Agreden groseramente a varios consejeros por pretender expresar opiniones distintas a las de la lista 47.
3) Amenazan a un consejero del oficialismo con destituirlo si no renuncia, por no consentir una contratación que resulta superior en el 100% a otra oferta
4) Amenazan a un consejero de la Lista 48 con destituirlo como Director de un Instituto por preguntar qué plantea el oficialismo para el hipotetico caso de derogacion de CASSABA
5) Pretenden que no quede constancia en actas de las razones que expusimos sobre nuestra oposición a un despido que el gremio calificó como discriminatorio
6) Utilizan los canales oficiales de difusión para hacer propaganda a favor del oficialismo y denostar a las gestiones anteriores, olvidando que los que iniciaron el conflicto gremial fueron ellos
7) Ahora -sorpresivamente- no publican las actas de la última sesión